El Registro Público de Alimentantes Morosos del Superior Tribunal de Justicia contabiliza 822 oficios vigentes, frente a los 633 de mayo de 2025
El incumplimiento de la cuota alimentaria en Misiones volvió a mostrar un incremento interanual significativo. Según los datos publicados por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones a través de su Registro Público de Alimentantes Morosos, actualmente hay 822 oficios activos correspondientes a personas que adeudan la manutención de sus hijos. En mayo de 2025 la cifra era de 633, lo que representa un crecimiento cercano al 26% en el último año.
El registro detalla aquellas personas que, tras resolución judicial, no cumplen con la obligación alimentaria. La morosidad, de acuerdo con la evolución de los últimos relevamientos, mantiene una tendencia ascendente año tras año. Además, la mayoría de los inscriptos son hombres.
Costros de crianza
La problemática adquiere mayor dimensión al contrastarse con los costos actuales de crianza en el país. La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el último informe sobre la valorización de la canasta de crianza, correspondiente a enero de 2026.
El estudio calcula el costo mensual de criar a un niño o niña según cuatro tramos de edad. Para menores de un año, la canasta asciende a $476.230; para niños y niñas de 1 a 3 años, $567.124; para los de 4 a 5 años, $483.497; y para el grupo de 6 a 12 años, $607.848.
El informe desagrega además dos componentes centrales: el de bienes y servicios -que incluye alimentación, vestimenta, vivienda y transporte- y el de cuidados, es decir, el tiempo dedicado a la atención y acompañamiento de los menores, valorizado económicamente.
En este contexto, el incumplimiento de la cuota alimentaria no solo implica una falta legal, sino que impacta de manera directa en la organización cotidiana de los hogares. Cuando uno de los progenitores no aporta, la carga económica y de cuidados recae casi exclusivamente en quien convive con los hijos.
El Registro Público de Alimentantes Morosos funciona como una herramienta institucional destinada a visibilizar el incumplimiento y habilitar medidas restrictivas previstas por la normativa vigente. La inscripción puede acarrear consecuencias administrativas y civiles para los deudores, como impedimentos para realizar determinados trámites o contrataciones.
Mientras los costos de crianza continúan actualizándose mes a mes en un escenario económica complejo para las familias, la brecha entre las obligaciones fijadas judicialmente y su efectivo cumplimiento sigue siendo uno de los desafíos pendientes en materia de responsabilidad parental y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
fuente: El Territorio
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