Conflicto de tierras con la aldea mbya Puente Quemado II: “Cuando se consolidó y se concretó el desalojo, el juez no tenía ni la autoridad ni la competencia para hacerlo”

Lo planteó la abogada Roxana Rivas, referente del Emipa y representante de la comunidad que fue expulsada de sus tierras con un impresionante operativo policial y judicial en Garuhapé. Además, contó que el funcionario que intervino en el primer desalojo, fue abogado del empresario que exigió la expulsión, Alfredo Ruff.

El violento desalojo de una comunidad mbya Puente Quemado II, consumado ayer por orden del juez de instrucción N° 2 de Jardín América, Roberto Sena, incumple con una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que le otorgó derecho de posesión a esta aldea, que fue expulsada de sus territorios ancestrales. Además, la medida es ilegal porque existe una apelación en curso. Así lo reveló la abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) Roxana Rivas, quien brindó detalles del conflicto en diálogo con Agencia Hoy.

La comunidad mbya de Puente Quemado II “está con una orden de desalojo apelada. Esa apelación tiene como efecto la suspensión de la ejecución del acto de desalojo. Nosotros apelamos desde el 17 de julio, lo que significa que ayer cuando se consolidó y se concretó el desalojo, el juez no tenía ni la autoridad ni la competencia para hacerlo”, denunció Rivas.

“Sin embargo, lo que nos dicen desde las comunidades es que se realizó un despliegue policial importante, con ambulancias y funcionarios judiciales que se presentaron como juez y secretario, y terminaron desalojándolos”, advirtió la abogada.

En diálogo con Agencia Hoy, Rivas hizo otra grave revelación: el juez Sena faltó a la verdad para justificar el desalojo, solicitado por el empresario Alfredo Ruff. “Cuando nosotros hacemos las presentaciones de rigor, que son las técnicas y procesales, y también las autoridades con las que estuvimos conversando del INAI, incluidos los de (la Dirección de) Asuntos Guaraníes y otros, lo que nos comunican es que la gente del Poder Judicial, el Juzgado de Instrucción de Jardín América, le afirman que ellos en ningún momento forzaron el desalojo, sino que la comunidad salió voluntariamente, lo que es un absurdo absoluto”, fustigó.

Por otra parte, Rivas aclaró que las irregularidades no se circunscriben a la actuación del juez Sena, sino que se constataron desde el inicio del conflicto. “Nosotros ya venimos denunciando las irregularidades de estas intervenciones judiciales desde ese primer evento que fue hace más o menos un mes, cuando llevan a la comisaría al cacique Santiago Ramos, para supuestamente comunicarle la existencia de una denuncia y lo detienen”, confió la abogada del EMiPA.

“Mientras lo detienen, se arma un operativo que termina sacando a los indígenas que estaban en el lote en cuestión. Se los llevan a todos detenidos a la comisaría de Garuhapé”, recordó Rivas, y amplió: “Se los suelta notificándoles de una orden de restricción de acercamiento a ese lugar.”

Esa orden de restricción, “que técnicamente es una resolución judicial, que necesariamente, para su validez tiene que ser firmada por el juez. Sin embargo, cuando entramos al expediente notamos que no existe ninguna resolución firmada por ningún juez”, reveló la abogada.

“De hecho, el abocamiento del juez de Puerto Rico (Manuel Balanda Gómez) en ese momento, se hace con posterioridad a la detención y con posterioridad a la liberación de los mbya”, aclaró Rivas.

En un tramo impactante de la entrevista, Rivas mencionó otra grosera irregularidad en el primer desalojo orquestado por la justicia provincial contra esta comunidad. “Cuando tenemos acceso al expediente, al sumario administrativo que es el policial, vemos que todas las supuestas notificaciones y pedidos y órdenes que llegan del juzgado de instrucción de Puerto Rico, son a través del secretario, un tal Isidro Duarte, que según nos comunican en la comunidad habría sido, cuando no era funcionario judicial, abogado de Ruff, que es el que los denuncia y los desaloja”, contó la abogada.

La trama para favorecer a Ruff, en perjuicio de la aldea, continuó con el accionar del juez Sena, algunas semanas más tarde, según lo que se desprende de lo ocurrido ayer. “Cuando hacemos los planteos en el juzgado de Puerto Rico, el juez (Balanda Gómez) se inhibe diciendo que tenía intereses contrapuestos con el denunciante y lo remite a Jardín América, al juzgado de instrucción de Sena”, precisó Rivas.

“En Jardín América, desde esa remisión, hace más o menos un mes, no hubo ningún tipo de movimiento hasta que, sorpresivamente, sale esta orden de desalojo exprés”, denunció Rivas, en tono crítico al accionar judicial.

De acuerdo con la abogada, “el juez de instrucción Sena debió haber proveído las nulidades que planteamos que tenían que ver justamente con la aplicación de normas vinculadas al derecho indígena, por un lado, y segundo, que se investigue la intervención de este funcionario (Duarte), que se investigue por qué se desplegó la fuerza policial sin una orden judicial, y dónde estaba la orden. Todo eso tenía que haberse investigado y proveído y no pasó”, sostuvo Rivas.

Sobre el final de la entrevista, Rivas subrayó el punto más importante del conflicto de tierras, que nunca debió ser tratado por la justicia penal. “También habíamos pedido que se lo sobresea al cacique Ramos y se aparte el juez penal, porque no es competencia penal cuando la comunidad estaba dentro de un territorio relevado por el INAI”, fundamentó Rivas.

“El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, le otorgó a la comunidad Puente Quemado II, una resolución que reconocía que ellos tenían derechos posesorios sobre ese terreno”, enfatizó la abogada.

En consecuencia, el desalojo es completamente ilegal y nulo. “Si tenés derecho a permanecer ahí, tu permanencia no puede nunca constituir un delito, por tanto, no puede intervenir la justicia penal. Y que en todo caso (el juez Sena) lo derivara para su estudio o su investigación o su resolución al juzgado civil, donde nosotros tenemos una demanda también por titularización de ese territorio, a favor de la comunidad Puente Quemado II”, concluyó Rivas.

Fuente: Agencia Hoy